Justicia sangrante la española

@ellibelaresc

Tomo como referencia para escribir esta gacetilla un estupendo artículo de Ignacio Escolar (Pablo Casado y la justicia española) que da en la diana sobre el tema del máster de Pablo Casado. A Casado le regalaron un título oficial sin merecerlo. Obtuvo un máster en una universidad pública sin cumplir con los mínimos requisitos que sí se exigió a otros estudiantes de esa misma promoción. No fue a clase. No fue a los exámenes. Le convalidaron 18 asignaturas de 22, algo que la universidad no hizo con otros alumnos que tenían exactamente la misma licenciatura que él. Supuestamente solo realizó cuatro trabajos. Supuestamente, porque ni siquiera ese mínimo esfuerzo está probado porque Casado no los quiere enseñar.

Es sangrante la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de oponerse a la imputación del líder del PP por los delitos de prevaricación y cohecho impropio relacionado con el título del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en el curso académico 2008-2009. Y es indefendible que el líder popular no sea juzgado por lo mismo por lo que otras personas sí lo están siendo por un motivo fundamental: el infame sistema de aforamientos. Lo cual debería ser intolerable en una democracia. En los próximos días, visto el escrito del fiscal, los cinco jueces del Tribunal Supremo probablemente rechazarán la propuesta de la jueza Carmen Rodríguez-Medel de imputar a Pablo Casado. Normal: el PP nombró a la mayoría de los vocales del CGPJ y esos vocales nombraron a los jueces que decidirán si se imputa al presidente del PP. Y lo más lamentable de todo este enredo que se montan los políticos es que estos nombran a los que les van a juzgar. De ahí los resultados y la coherencia del emérito de que “la justicia es la misma para todos”. ¡Poca vergüenza, la del señor!

Pero hay más: la imputación de Casado también depende del fiscal Luis Navajas, el jefe de los fiscales del Supremo, también conservador. Luis Navajas fue ascendido a teniente fiscal del Tribunal Supremo por Eduardo Torres Dulce, entonces fiscal general del Estado. Y Torres Dulce fue nombrado en ese puesto por el Gobierno de Mariano Rajoy, entonces presidente del PP. En resumen: el PP nombró a los fiscales jefes que nombraron al fiscal que ha decidido sobre la imputación del presidente del PP.

Si Pablo Casado no estuviera aforado le habría tocado otro juez, otro fiscal. Cualquier otro que es probable que no debiera favores a un partido u otro en su carrera profesional. Tal vez alguien como la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que es quien ha investigado el caso Máster y ha encontrado todos estos indicios de delito contra el líder del PP. O alguien como los fiscales de Madrid a los que les tocó el caso, que apoyaron durante medio año de instrucción todas las decisiones de esta jueza. Con estos mimbres en el Supremo, parecía difícil que el resultado fuese muy desfavorable para el presidente del PP.

Ya lo veis. Todo es una farsa, una repugnante puesta en escena de los políticos que dicen mirar por los ciudadanos, que cuando votan dicen que lo hacen por boca de los ciudadanos, y es una mentira, una falacia. No se merecen ningún respeto. Dicen votar por el bienestar y solo piensan en el suyo porque, por ejemplo, ya me diréis qué tiene de complicado quitar todos los aforamientos que se han montado los políticos para salir de rositas en sus corruptelas. Para ellos la tiene, por eso les incomoda perder el aforamiento. Y es más: ¿qué oscuro propósito esconden cuando no quieren desaforar a los Borbones? Lamentable. La justicia, así, no puede funcionar. Jueces y fiscales nombrados por los propios partidos es imposible que sean imparciales, como ya se visto en el caso Casado. Por eso habrá que empezar de una vez por construir una auténtica democracia representativa donde estén muy bien delimitados los poderes del Estado y que estos sean autónomos. Imprescindible que el Supremo deje de estar politizado.

Y termino. Leo la siguiente noticia: PP y PSOE han mantenido contactos informales sobre la conveniencia de citar o no a Mariano Rajoy, en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP. El ex presidente siempre ha sido el gran objetivo final y su nombre sigue todavía incluido en la lista de futuros comparecientes. Fuentes populares señalaron este sábado a este diario que los socialistas “ya no tienen interés” en llamarle. ¿Y por qué no? ¿Es que la delincuencia se puede pactar? ¿Qué asco?

En la gacetilla de mañana hablaremos de EL ESCRITO DEL FISCAL EN EL CASO CASADO.

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Franco, poseedor de la Suprema Orden de Cristo

@ellibelaresc

Ved el siguiente vídeo y captad la solemnidad con que el dictador Franco se recogía ante los mandatos y pompas de la iglesia católica y cómo la connivencia con el Vaticano fue tan total que este le hizo entrega de su máximo galardón: la restringida Suprema Orden de Cristo, de la que la momia todavía es poseedora porque el Vaticano no le ha retirado la mención.

Ya lo veis: en el marco de sus excelentes relaciones con la Curia, Franco logró tocar el cielo con las manos en el invierno de 1953. Desde la Santa Sede –entonces comandada por el Papa Pío XII- llegaron noticias extremadamente alentadoras: el concordato alcanzado entre el Vaticano y la dictadura franquista algunos meses antes estaría acompañado además por la entrega al dictador por parte del Nuncio de la Santa Sede en España, monseñor HIldebrando Antoniutti, del collar de la Orden Suprema de Cristo, una distinción que premiaba los “singularísimos servicios” prestados a la Iglesia. Y así nos vendió a la institución católica. El chollo que los vaticanistas habían conseguido era inmenso, y las ventajas particulares y de reafirmación de su Régimen que de ello sacaría el católico dictador, innombrables. “Me complace particularmente confirmar, una vez más, el afectuoso interés y el cariño paternal del Papa hacia esta católica nación, que tantos consuelos le proporciona en las duras pruebas de la hora presente. Y con toda mi alma pido al cielo que proteja y colme de beneficios divinos a la persona jefe del Estado, al Gobierno nacional, al Excelentísimo Episcopado, con el clero secular y reglar, y a todo el amado pueblo español. ¡Dios bendiga a España!”, exclamó Antoniutti.

Esa distinción aún vigente es uno de los elementos que ahora citan los defensores del dictador para tratar de conseguir que la Iglesia trate de bloquear la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. “Desde la Fundación Nacional Francisco Franco nos negamos a creer que la Iglesia Católica Universal no proteja a quién fue su salvador y protector en los momentos más críticos para esta en toda su historia […] Ignoramos cual será el desenlace de esta intención sectaria, llena de odio, revanchista y alejada de cualquier tipo de reconciliación del Gobierno, pero sí tenemos claro que la historia colocará en su sitio a justos y pecadores”, destaca la entidad ultraderechista en un comunicado, que mis lectores pueden evaluar.

Los seguidores ultras de Franco tienen otro documento al que aferrarse para tratar de conseguir la intercesión del Vaticano. En abril de 1960, el papa Juan XXIII emitió una carta apostólica para elevar a la iglesia del Valle de los Caídos “al honor y dignidad de basílica menor”, un título que aún ostenta. En la carta Juan XXIII dejaba claro que “esta obra, única y monumental, cuyo nombre es Santa Cruz del valle de los Caídos, la ha hecho construir Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, agregándole una Abadía de monjes benedictinos de la Congregación de Solesmes, quienes diariamente celebran los Santos Misterios y aplacan al Señor con sus preces litúrgicas” por eso quedará “nulo y sin efecto desde ahora cuanto aconteciere atentar contra ellas, a sabiendas o por ignorancia, por quienquiera o en nombre de cualquiera autoridad”. La Iglesia tenía claro de qué lado estaba, y parece que está.

En la gacetilla de mañana hablaremos de JUSTICIA SANGRANTE LA ESPAÑOLA.

Detalles que me gustan

@ellibelaresc

Parece ser que algo se está moviendo para estudiar el tema del robo sistemático que en este país se le ha permitido hacer a la iglesia católica. Y ello me gusta. Es imprescindible que la sociedad civil se movilice y exija que el patrimonio de todos los españoles nos sea devuelto. El Gobierno está dispuesto a reclamar a la Iglesia católica los bienes de dominio público inscritos a su nombre amparándose en la Ley Hipotecaria franquista y la posterior reforma del Gobierno Aznar en 1998, y que se prolongó hasta 2015. Una normativa que permitía a los obispos actuar como notarios y reclamar como propios inmuebles con solo su palabra. ¡Qué desfachatez y qué bajada de pantalones ante la secta para, con ello y en nuestro detrimento, conseguir votos! Aznar y otros deberían estar desterrados a pan y agua en la isla Perejil.

El Gobierno estima que puede impugnar 3.000 inmatriculaciones de la Iglesia al considerarlas “bienes de dominio público”. La Mezquita de Córdoba (la católica la puso a su nombre en el año 2006 pagando una tasa de 30 euros), 31 catedrales, decenas de santuarios, casas llamadas sacerdotales, plazas, calles, barrios, solares, caminos, viviendas, garajes, frontones, bungalós, kioscos, palacios, castillos, montes, cementerios o locales comerciales están en el listado que maneja el Colegio de Registradores y que el Gobierno hará público en breve.

Como no podía ser menos los fucsias empiezan a presionar. El portavoz de la CEE denuncia una “desamortización encubierta” (que yo la haría “cubierta” y sin piedad) y anuncia que, si se dan las devoluciones, acudirán a los tribunales porque “la Iglesia cree en la legalidad vigente y lo que ha hecho ha sido inscribir unos bienes que ya poseía de manera secular (¡Qué cara más dura!). Solo pedimos que se respete lo más básico: el derecho a la propiedad”. Pues eso, respetemos la propiedad. A estos curas habría que hacerles ver con hechos que, según declara la ministra de Justicia, “la Constitución española consagra los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público […]. Esto quiere decir que, si a pesar del control por parte del Registrador, hubieran accedido a registro como bienes de propiedad privada bienes que efectivamente lo son de dominio público, deberá procederse a la correspondiente depuración física y jurídica”. Pues adelante. Sobran ya tantas citas de la Constitución y más hechos. Y un detalle más: tampoco estaría nada mal que también se depurara la posible actuación delictiva por parte de la Iglesia u otras personas jurídicas y funcionarios que hayan podido actuar contra el interés general de alguna manera sobre todo en ciudades como Córdoba, Zaragoza y Pamplona.

En todo este proceso de inmatriculaciones el más flagrante es el de la Mezquita de Córdoba. A la católica le han permitido que se la apropiase y un informe de expertos sobre la titularidad del monumento concluye que nunca perteneció a la Iglesia por lo que proponen elevar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con el objetivo final de anular la inmatriculación, que “no tiene validez jurídica porque en la referida inmatriculación faltan los tres requisitos básicos exigibles a cualquier registro de un bien: prueba de la propiedad, descripción del bien y certificación de que se encuentra libre de cargas” . Sabemos que la Mezquita-Catedral fue inmatriculada por la Iglesia en 2006, inscribiéndola a su nombre como Santa Iglesia Catedral en el Registro de la Propiedad, con un gasto de 30 euros, gracias a la modificación realizada en 1998 (durante el Gobierno de Aznar) del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que recuperaba la consideración de fedatarios públicos que los obispos habían tenido en la ley hipotecaria franquista (1944) y les otorgaba capacidad de registrar bienes sin aportar títulos de propiedad sin cumplir los requisitos exigidos para cualquier registro.

El informe del comité de expertos aborda la historia del monumento, desde su edificación hasta nuestros días, para demostrar cómo su propiedad ha estado ligada siempre al Estado, más allá de que a partir de 1236, tras la conquista cristiana de Córdoba, en el edificio se haya practicado el culto católico.

En el análisis histórico, se da cuenta de cómo “la información actualmente disponible respecto a la época andalusí (siglos VIII al XIII) permite establecer que la Mezquita de Córdoba carece de antecedentes cristianos documentados, que se origina como un proyecto arquitectónico directamente ligado a la dinastía Omeya y que, como tal, fue un edificio de propiedad estatal a lo largo de todos los siglos de al-Andalus”. Es esa propiedad estatal la que los expertos certifican a lo largo de la Historia, con datos que así lo demuestran desde la época de la conquista cristiana, con la titularidad en manos del Estado y la supervisión en manos del Concejo de Córdoba de la época, hasta el siglo XX: “Durante los siglos XIX y XX se mantiene tanto la vinculación del pueblo de Córdoba con su Mezquita como su carácter de edificio público, encargándose el Estado de su protección y conservación, siempre con el apoyo cercano y constante del Ayuntamiento de la ciudad”.

Cuestión aparte es el uso de culto católico que desde entonces se le dio al edificio y que los expertos no entran a rebatir ni pretenden eliminar, pero advierten: “el uso religioso de una antigua mezquita no supone reconocimiento de propiedad por parte de la Iglesia, salvo que exista donación expresa. Y en el caso cordobés, no existe donación expresa”.

En definitiva: para solucionar el robo el comité de expertos aconseja que la herramienta más apropiada para ello “sería recabar los apoyos parlamentarios necesarios para el planteamiento de un Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con el objetivo final de anular la inscripción de la Mezquita-Catedral a nombre de la Iglesia en el Registro de la Propiedad. ¡De acuerdo, y a por ellos!

En la gacetilla de mañana hablaremos de FRANCO, POSEEDOR DE LA SUPREMA ORDEN DE CRISTO.

La furia inmaticuladora de la IC

@ellibelaresc

Fundamental para entender la furia inmatriculadora de la Iglesia Católica el siguiente artículo de Antonio Manuel Rodríguez Ramos (¿La Iglesia es más fuerte que el Estado?)

 “Decidme en el alma: ¿quién, quién levantó los olivos?”, preguntaba Miguel Hernández a los jornaleros de Jaén. La misma pregunta podría hacerse de las catedrales, de las iglesias, de las ermitas y de la generalidad de los templos en España. Y la respuesta también sería idéntica: “No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor”. Porque la inmensa mayoría de estos inmuebles de incalculable valor histórico y cultural preexistía antes de su afectación al culto católico o fueron construidos con el trabajo y el sudor del pueblo. Y, a pesar de ello, la jerarquía de la Iglesia se los ha apropiado utilizando normas franquistas que la equiparaban con la Administración pública, sin más prueba que la palabra del obispo que los registradores tomaron como dogma de fe.

Sirva como ejemplo la privatización de la Iglesia de San Juan de los Panetes, inmatriculada sin título de propiedad por el arzobispado de Zaragoza antes de que el presidente José María Aznar abriera las puertas del Registro a los templos de culto en 1998. Sorprende la falta de diligencia del registrador que, por su naturaleza arquitectónica evidente y por su enorme trascendencia patrimonial, sabía o debería haber sabido que tenía prohibida su inscripción al tratarse de un bien público. Pero sorprende aún más que no contrastara su condición jurídica con la Administración ni con nadie. Decía Max Planc que “para las personas creyentes Dios está al principio; para los científicos, al final de todas sus reflexiones”. Y, en este caso, parece que el registrador actuó más como creyente que como jurista. Porque la Dirección General de Patrimonio ha dictaminado, tras la consulta elevada por el Ayuntamiento de Zaragoza, que la Iglesia de San Juan de los Panetes está inventariada a nombre de la Administración General del Estado, afecta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional desde 17 de noviembre de 1933. En consecuencia, no se trata de un error sino de una apropiación en toda regla. Tanto es así que cuando el arzobispado de Zaragoza tuvo conocimiento de la posible apertura de un expediente, compareció ante notario para prometer que la devolvería, sin que a fecha de hoy tengamos constancia de que se haya cancelado la inmatriculación.

El caso de San Juan de los Panetes es revelador y un peligroso precedente. Primero, porque demuestra que el mero hecho de tratarse de un inmueble con un posible destino religioso, no arrastra la lógica simplista y equivocada de que deba pertenecer a la jerarquía católica. En varias ocasiones, el Tribunal Supremo ha manifestado que el uso no condiciona la titularidad, de la misma manera que los médicos no son los dueños de los hospitales, ni las maestras de los colegios. En segundo lugar, porque confirma que la jerarquía católica ha inscrito edificios similares incluso estando catalogados como bienes públicos o constando su titularidad privada en manos distintas de las de la Iglesia. Un escándalo si lo hubiera perpetrado un concejal de pueblo y que ha pasado inadvertido por tratarse del arzobispo de Zaragoza. ¿A qué intereses obedece este silencio mediático generalizado sobre el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España?

Pero quizá lo más alarmante haya sido el proceso de presunta devolución, totalmente impune y clandestino. Porque mucho nos tememos que cuando el Gobierno haga público el listado de bienes inmatriculados con estas normas franquistas por la jerarquía católica, en sus múltiples denominaciones, y conste la apropiación indebida de estos bienes ya inventariados como públicos, junto a plazas, calles, barrios, solares, caminos, viviendas, garajes, frontones, bungalós, kioscos, palacios, castillos, montes, cementerios o locales comerciales, la Conferencia Episcopal pedirá perdón por los errores cometidos y se comprometerá a devolver los casos más sangrantes, apropiándose de todo lo demás. Ahí radica la trampa que los políticos que han prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución, no pueden tolerar.

Desde luego, los ciudadanos no vamos a consentirlo. Y vamos a denunciar que el listado es incompleto porque no comprende las inmatriculaciones practicadas desde que en 1946 se implantó este mecanismo injustificable en un Estado aconfesional, nulo por inconstitucionalidad sobrevenida desde 1978, y contrario a los derechos humanos como ha sentenciado reiteradamente el Tribunal de Estrasburgo. Exigiremos una solución global que comienza por brindar la oportunidad a la propia jerarquía católica para que rectifique, no con un simple perdón por sus pecados, sino con la devolución registral de lo inmatriculado sin prueba alguna, pudiendo inscribir a continuación aquellos bienes que considere propios como un ciudadano más. Y, de no ser así, instaremos al Parlamento y al Gobierno para que no consienta esta aberración democrática de ilegalidades en masa, encuentre vías legislativas que no pasen por abocarnos a miles de pleitos, y se dirija a la jerarquía católica para que nos explique por qué reconoce en Portugal lo que niega en España. Deben saber que, desde los tiempos del dictador Salazar, los monumentos religiosos de interés nacional pertenecen al Estado portugués por expreso reconocimiento del Vaticano. Una anomalía que ocurre en este país porque quizá hoy la Conferencia Episcopal Española sea más poderosa que el propio Francisco. Y, de seguir consintiendo esta apropiación patrimonial sin coste fiscal, que el propio Estado español.

En la gacetilla de mañana hablaremos de DETALLES QUE ME GUSTAN.

Condena de la memoria

@ellibelaresc

Admito estar prendado por la profunda sabiduría y buen hacer que los romanos tuvieron en casi todos los órdenes de la vida política y social. El tema que tratamos hoy, según mi parecer, es de una lucidez y eficacia impresionantes. Hablaremos de la Damnatio memoriae, una práctica que tenía importantes antecedentes en las civilizaciones mesopotámica y egipcia, pero los romanos la perfeccionaron, algo muy propio de la civilización que levantaron.

Damnatio memoriae es una locución latina que significa, literalmente, «condena de la memoria». Era una práctica de la antigua Roma consistente en, como su propio nombre indica, condenar el recuerdo de un enemigo del Estado tras su muerte. Cuando el Senado romano decretaba oficialmente la Damnatio memoriae, se procedía a eliminar todo cuanto recordara al condenado: imágenes, monumentos, inscripciones, e incluso se llegaba a la prohibición de usar su nombre. Muchos emperadores también se vieron afectados por esta práctica. En la Roma papal hubo pontífices que desterraron la memoria de algún antecesor, y ya en nuestro tiempo, Stalin se convirtió en un ejemplo mayúsculo de ejercicio de la Damnatio memoriae porque todos los líderes depurados fueron borrados completamente en las imágenes (fotografías), y sus escritos desaparecieron de las bibliotecas y librerías. Hasta mencionarlos estaba prohibido. Y en nuestro país, el franquismo se encargó sistemáticamente de borrar casi todos los rastros de la Segunda República y de sus protagonistas, al considerar que su recuerdo era intolerable por el supuesto daño que aquel régimen habría hecho a España, o más bien, a su particular idea de lo que debía ser España. Borrar no fue el único método, también estuvo el de silenciar logros alcanzados en aquella época, o los inicios de obras y proyectos que luego se culminarían en la dictadura. ¿Por qué no aplicarle la misma medicina?

La puesta en práctica de la Damnatio me parecería en el caso de Franco y su herencia una excelente idea. Sobre todo por la dictadura criminal a la que nos sometió a muchísimos españoles, a un régimen que generó tanto dolor en muchos españoles. Olvidarlo, no mencionarlo más, quitarlo de cualquier calle, cualquier Fundación, cualquier monolito. En definitiva, borrar el mal sueño que fue. Resulta incomprensible que en España siga habiendo nombres de calles y monumentos que glorifican el golpe, la guerra como supuesta cruzada de liberación, la larga dictadura, y a sus protagonistas. Olvidarlo y, eso sí, arrinconarlo para su estudio en un museo de sus horrores.

Las nuevas generaciones tendrán que saber, para no cometer más errores, que el franquismo supone una larga etapa de la Historia contemporánea de España y que sin su estudio y conocimiento es imposible entender a este país. Los abundantes restos materiales que ha dejado, dada su dilatada existencia y su interés en dejar huella, deben pasar a museos, espacios donde tienen que contextualizarse como ocurre con los restos de materiales de otros momentos históricos. En esos espacios de exposición adquirirán una dimensión histórica, pedagógica, perdiendo su valor de exaltación. Por eso los símbolos franquistas son muy importantes, como los de cualquier otra etapa histórica. Destruirlos supondría un ejercicio de desmemoria que los españoles no merecen, haciendo que una democracia se parezca a una dictadura con sus bárbaras prácticas. Pero una democracia no puede tolerar que en un lugar de una de sus ciudades o de sus campos se glorifique a quienes emplearon la violencia para destruir otra democracia española o emplearan la violencia para perseguir al contrario, considerado un enemigo de su causa. Un español demócrata no entiende que una placa recuerde supuestas gloriosas cruzadas emprendidas contra otros españoles, esos tan “malos, tan antiespañoles, tan horribles”. Ni que un mausoleo dignifique, deifique más bien, a un dictador. Que quede claro: Damnatio memoriae para todo lo que sea exaltación y visibilidad de los hechos y dichos del dictador, pero no olvidar jamás quién fue, cómo llegó al poder y cómo, tomando la palabra a Jesús de Nazaret, dividió el país entre los que están conmigo o contra mí. Estos últimos las pasaron putas, y no se puede olvidar. España es el único país de Europa que aún no ha hecho una política de reconciliación, de responsabilidad y de memoria histórica respecto de una dictadura sangrienta y de una guerra civil que era una cruzada cristiana para acabar con una República democrática y con todo el cambio y el progreso que suponía.

En la gacetilla de mañana hablaremos de LA FURIA INMATRICULADORA DE LA IC.

Más sobre el caso Willy Toledo

@ellibelaresc

El pasado 13 de septiembre, y tras pasar la noche en el calabozo (el actor tenía una orden de detención por obstrucción a la justicia, ya que no acudió a declarar días antes ante el juez), Willy Toledo fue escoltado por la policía ante el juez para prestar declaración por un presunto delito de ofensa a los sentimientos religiosos según opinan los denunciantes llamados Abogados Cristianos (“Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso”). Al salir del juzgado en libertad provisional el actor ha asegurado que no cree haber “cometido ningún delito” y que, al forzar su detención, estaba haciendo “un acto de desobediencia civil […] Estoy haciendo lo que tengo que hacer, que es llamar la atención, porque es imprescindible que se genere un debate público y que forcemos a las instituciones y a los partidos del parlamento a que retiren con urgencia las cinco leyes del código penal referentes a las ofensas a los sentimientos religiosos”.

¿Cómo es posible que por solidarizarse con unas mujeres que son procesadas judicialmente por manifestar públicamente críticas al machismo católico, una persona como Willy Toledo pueda ser, a su vez, investigada o molestada por los tribunales? ¿Acaso es lógico citar a Willy Toledo o a cualquier otra persona por cagarse en la virgen María? ¿Cómo y por qué se tramitan estas absurdas denuncias?  La Iglesia Católica en lo que está interesada es en que esas denuncias, se tramiten o no, sean presentadas, ya que después hacen propaganda ante organismos internacionales haciendo aparecer a España como un país intolerante en materia religiosa (¡el mundo al revés!).

Pero para que las denuncias extravagantes prosperen requieren de un ambiente judicial propicio y en España lo hay de sobra. Se tramitan las denuncias de “Abogados Cristianos” (sic) porque existe un juez y un fiscal que, en vez de archivarlas por infundadas, las tramitan y ordenan realizar pesquisas absurdas. Los jueces y los fiscales junto a los “Abogados Cristianos” son los culpables. También el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado son culpables. Pura y dura Inquisición. El problema de la penetración del sectarismo católico en la magistratura española es muy peligroso y hoy, junto a otros muchos factores, constituye uno de los problemas de credibilidad de independencia del sistema judicial español y de sus ilustrísimos funcionarios.

En este caso y otros muchos la Justicia ha querido dar un golpe en la mesa y lucir un acto de fuerza pero lo único que ha logrado es darnos más fortaleza a quienes apoyamos a Willy en este tema. Su detención no hace más que darnos la razón cuando alertamos de la amenaza que se cierne sobre la libertad de expresión.  Especialmente cuando se utiliza, como lo ha hecho Willy, para denunciar las atrocidades de quienes dicen defender una religión que, históricamente, tanto daño ha hecho -y hace- a la Humanidad. Pero así son las religiones, con su doble rasero, poniendo encima de la mesa sus ‘bondades’ y obviando sus miserias, su mezquindad, su complicidad activa con actos violentos. Por eso, ante todo, nuestro rechazo, nuestra denuncia, nuestro humor, un humor, por otro lado, que en estos casos es una cosa muy seria: – Padre, me confieso. /– Dime, hijo mío./– El otro día, le hice una felación al cura del pueblo de al lado./– Pues muy mal, hijo, sabes que esta es tu parroquia.

Sigamos con el humor: si en este país se tuviera que detener a todo aquel que en un solo día se “caga en Dios” varias veces no habría policía ni medios suficientes para detenerlos. Pero es que estos policías que han participado en las redadas se han detenido a sí mismos después de acabar su trabajo; muchos de ellos llegaron a cagarse en Dios mientras detenían a las personas que se habían cagado en Dios. Desde su celda, el juez que ordenó las detenciones ha celebrado que “ahora España es una zona libre de blasfemias y podrá volver a ser una potencia respetada en el mundo”. En estos momentos, las calles de todas las ciudades españolas están desiertas y solo se ve de vez en cuando a personas que dicen “mecachis” y “cáspita”. La justicia todavía valora si cagarse en “diez” podrá ser penado con prisión, “dado que de alguna manera refiere a Dios y la expresión no deja de ser una tapadera”.u

Como en las cárceles españolas no hay sitio suficiente para 40 millones de personas, ya se están instalando verjas gigantes en las fronteras, y también se van a cortar carreteras, vías de tren y el tráfico aéreo a fin de convertir el país entero en una prisión de la que no se podrá salir. Es tristemente lamentable que una persona tenga que presentarse ante un juez por haberse cagado en seres imaginarios.

En la gacetilla de mañana hablaremos de CONDENA DE LA MEMORIA.

Así no, Wyoming

@ellibelaresc

España es suya y lo saben. La Fundación Francisco Franco anuncia querellas contra el gran Wyoming por parodiar la futura exhumación de los restos del dictador y por decir y hacer cosas que a ellos no les gustan. Malhumor en la bien armada caverna franquista, que ya se prepara para una gran concentración anticipatoria de las multitudinarias protestas que se avecinan con motivo de la exhumación de la momia con estos lemas: ¡¡Todo el que no sea franquista a la cárcel, coño, ya!! ¡¡Viva el rey!! ¡¡Viva Franco, aunque muerto!!

En plena vorágine informativa sobre el futuro de la tumba de Franco y del Valle de los Caídos, la entidad ultraderechista ha anunciado también que boicoteará a La Sexta, “a partir de este momento, y salvo rectificación oportuna, ninguna persona de esta Fundación volverá a acudir a la citada cadena. Sin duda dada la característica sectaria de la misma no nos echarán de menos”. ¡Estupenda noticia!

Somos muchos los que vimos en El Intermedio el “sketch” con un muñeco del dictador dentro de un féretro que ha provocado la auténtica ira de la fundación franquista, presidida actualmente por el general retirado Juan Chicharro, ex ayudante de campo del Rey Juan Carlos. “No, no es libertad de expresión lo materializado en ese programa por este personaje sino una muestra vil de odio y rabia, factores que le alejan de los otros que atribuía Aristóteles a la persona como su condición social y racional”, sentencia la FNFF en un comunicado dado a conocer a través de las redes sociales y de su página web.

De nada han valido las bienintencionadas disculpas que presentaba Wyoming a la FNFF. “Ayer las cosas no fueron todo lo bien que nos hubiera gustado. Por eso El Intermedio, de manera oficial, quiere pedir disculpas por estas bochornosas imágenes. No supimos manejar la concordia por torpeza de Dani Mateo. Además, somos conscientes del malestar generado entre los más nostálgicos del anterior régimen”. Instantes después, en el centro del plató volvió a aparecer el muñeco de Franco, que acabó por los suelos y con los brazos arrancados.

Y matizan: “lo pavoroso de estos personajes – el tal Wyoming y Dani Mateo-, es que son ejemplo de una peligrosa casta que desprecia y ejecuta moralmente a los muertos que ya no le pueden responder […] afortunadamente la sociedad civilizada, en un Estado de Derecho, arbitra las relaciones humanas y sociales mediante la acción de la Justicia, por lo que el tal e insignificante personaje ‘Wyoming’ recibirá en breve noticias de esta Fundación al amparo de la Justicia”. Las noticias ya han sido recibidas y son denunciados por “vulnerar el honor” de Franco. Intentarán crucificarlos sin reparar en gastos, que el dictador dejo atados y bien atados. Ya lo ves, así no. Amén.

Todo un poema en tetrástrofos monorrimos.

Nota: en el cartel del crucificado se dice: Bienvenido al valle de los malhumorados.

En la gacetilla de mañana hablaremos sobre MAS SOBRE EL CASO WILLY TOLEDO.

Con la Iglesia hemos dado

@ellibelaresc

Cogemos el titular con el sentido que tiene en la actualidad, no con el que tiene la frase en el contexto de El Quijote (Cap. IX de la 2 ª parte). Es incomprensible que teniendo constitucionalmente declarado que España es un estado aconfesional todavía en pleno siglo XXI la iglesia tenga en España el poder del que disfruta. Intolerable que llame la atención a los políticos por sus desvíos dogmáticos y que estos sigan el consejo, y más si los apercibidos son de izquierdas. Intolerable. Pero vayamos a los hechos.

Con la Iglesia hemos dado. Es lo que debió decirse, o no, el alcalde de Cádiz, José María González, ‘Kichi’, cuando constató el intenso revuelo que había organizado al retuiterar en su cuenta oficial de Twitter este mensaje de su pareja y coordinadora regional de Podemos, Teresa Rodríguez: “Han detenido a Willy Toledo por “cagarse en dios” y yo “¡me cago en dios!” porque han detenido a Willy Toledo. La libertad de expresión es sagrada”.

Según recoge Diario de Cádiz, el tuit de Kichi enfadó mucho a representantes de la Iglesia gaditana, en concreto al arcipreste, Jesús García Cornejo, y al delegado episcopal de Hermandades, Juan Enrique Sánchez, que le trasladaron su malestar.

El arcipreste le envió este mensaje al alcalde: “Buenas tardes José María. Soy Jesús García Cornejo, párroco de San Lorenzo y arcipreste de Cádiz interior. En mi nombre y de mis compañeros sacerdotes te pido respeto hacia esa inmensa mayoría de gaditanos creyentes. Sea de una u otra forma, no es de recibo publicar en una red social las palabras que tanto Teresa como tú habéis escrito. Si así entendéis la libertad de expresión, difícilmente se puede construir nada. Espero sepáis rectificar esta ofensa gratuita a tantos gaditanos y a la comunidad eclesial de esta ciudad“. Y así lo hizo Kichi, que poniendo el freno para dar marcha atrás borra de su cuenta de Twitter el mensaje de Teresa Rodríguez. ¿Por saberse “pecador”? ¿Porque metió la pata y este fallo sublime puede restarle votos? Hablábamos del tema en la gacetilla de ayer (Cinismo hiperbólico) en la que hacíamos unas reflexiones sobre el proceder del alcalde Cádiz en temas espinosos que él, seguro, no comparte pero que acepta y aprueba por una previsible cosecha de votos. No nos gusta esa forma de actuar. Las personas, por encima de todo lo demás, tienen una ética, y a ella deben servir. ¿A Kichi le importan los gaditanos (mejor dicho, su puesto de trabajo) y no los seres humanos no gaditanos?

Porque ¿qué comentario va a hacer un cura sobre el “me cago en Dios”? El tal sujeto se permite explicarle al alcalde qué es la libertad de expresión, sí, esa que para él y los suyos es salirse siempre con la suya porque lo contrario es blasfemia, y lo que sigue es herir los sentimientos religiosos, y a continuación te mandan a los Abogados Cristianos para que te la líen en los juzgados. No puedo entender que esta gente que mira hacia otro lado con el tema de la pederastia se atreva a sugerir que no es de recibo “cagarse en Dios”. ¿Y lo suyo sí? Dejémoslo así.

En la gacetilla de mañana hablaremos de ASÍ NO, WYOMING.

Cinismo hiperbólico

@ellibelaresc

Los oyes hablar cuando están en su poltrona (conseguida con muchas falsedades), son oposición o sermonean al personal y te convencen por su discurso coherente y social. Luego, cuando están en el poder todo lo anterior se desmorona y aparecen con su auténtica careta y miserable realidad.

Hablamos, como siempre, de los políticos. El Ministerio de Defensa anunció días pasados que iba a anular la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí, para que no las pudiera utilizar en la guerra de Yemen por el riesgo de que se usen para vulnerar los Derechos Humanos. Pero la amenaza de que se cancelara el contrato firmado con los saudíes para construir cinco corbetas en los astilleros de Navantia, por un importe de 1.800 millones de euros y de los que dependen 6.000 empleos en la Bahía de Cádiz, llevó el viernes al Ejecutivo a dar marcha atrás y revisar la decisión, presionado por los miles de trabajadores y las exigencias de la Junta de Andalucía para resolver la crisis. También Kichi, el alcalde de Cádiz, de Podemos, defiende la producción de corbetas para Arabia Saudí ante “el dilema entre fabricar armas o comer”, porque, y es su excusa, “si no hacemos nosotros los barcos, los harán otros”. ¿Es este el código ético de Podemos y de PSOE? “En Arabia Saudí, dice el alcalde, los derechos humanos no son respetados y estoy en contra de eso, pero mientras, ¿qué comemos? La construcción de los barcos no va a acabar con la guerra en Yemen”. Por supuesto que no, ni la venta de las bombas de precisión láser. Pero ayuda, caballero, y más sabiendo que pese a la crueldad de las bombas, la mayoría de la gente que muere allí no lo hace de forma violenta, sino por culpa de un bloqueo brutal que ha desencadenado la mayor catástrofe humanitaria del planeta (muere un niño cada 10 minutos). Nuestras corbetas ayudarían sin duda a reforzar ese bloqueo, ya que hasta Navantia alardea en su web de sus capacidades para interceptar buques mercantes.

Todos los argumentos esgrimidos por trabajadores, podemitas y socialistas tienen sentido, pero ¿no lo tiene que con ese material militar Arabia Saudí bombardea a diario hospitales, colegios, mercados y campos de refugiados, y que son ya más de 3.000 los niños asesinados? ¿Creemos en los Derechos Humanos? ¿Con la venta de armamento no somos cómplices del desastre humanitario en Yemen y otros países en conflictos armados? La venta de armas a Arabia Saudí es ilegal según el Tratado de Comercio de Armas, la Posición común 944/2008 y la ley 53/2007, las tres coinciden en que cualquier solicitud de exportación de armas que puedan ser usadas contra población civil debe ser rechazada. Pero el Gobierno de España ha venido concediendo hasta el momento todas las que se han solicitado con una excusa muy débil: Arabia Saudí firma una cláusula según la cual se compromete a no usarlas. Cinismo total.

Terminaremos esta gacetilla reflexionando sobre las declaraciones de Kichi. Dicen que la política es el arte de lo posible, pero en las democracias representativas, lamentablemente, casi siempre es el arte de navegar entre lo que crees correcto y lo que te dará más votos (o lo que menos te restará). Por eso a Kichi, que seguramente opte a la reelección, se le ha planteado un problema que él ha resumido en elegir entre «fabricar armas o comer». Alegar que si no se fabrican en Cádiz se fabricarán en otro lado y que por eso es mejor que lo hagan en Cádiz, es asumir el pragmatismo como política y renunciar a toda guía moral; como si en el ámbito particular decides que, puesto que si tú no traes droga o traficas con mujeres, otro lo hará, es mejor enriquecerte tú a que lo haga otro. El problema del alcalde es político más que moral. Como él opta a ser de nuevo el más votado en las próximas elecciones a la alcaldía, no puede decir en público que preferiría que esas armas se fabricasen en otra ciudad, o en otro país. O no puede decir que se la trae al pairo lo que pase en Arabia Saudí y que bendito sea el dinero de los jeques. Lo que sea que piense en realidad. Porque si la duda fuera entre paz o pan, la izquierda anticapitalista, la izquierda racional y orgullosa, debería preferir la paz. ¿O no vale la pena recordar a aquel jornalero orgulloso que arrojando al cacique la moneda con la que este quería comprar su voto sentenció: “en mi hambre mando yo”? ¿Ya no mandamos en nuestra hambre? ¿Es mejor gobernar sin principios que mantenerlos intactos y que gobiernen otros? Para esta gente no cabe la menor duda. La política es el arte de lo posible, es decir, de lo pragmático, porque cuando uno necesita quedar bien con el mayor número posible de personas para que después lo vuelvan a votar, tiene que hacer demasiadas concesiones.

Y termino, Kichi: el endiablado dilema no es entre paz o pan. El dilema, al menos el que usted tiene, es entre paz o votos. Y si antes de ser alcalde tenía clara la respuesta, también debería seguir teniéndola clara ahora. Al pedir que las armas para Arabia Saudí sean fabricadas en  Cádiz  ha dejado, como muchos otros antes que usted, la moral o la ética encerrada en un cajón.

En la gacetilla de mañana hablaremos de CON LA IGLESIA HEMOS DADO.

No quieren que sepamos

@ellibelaresc

PP, PSOE y Ciudadanos rechazan en el Congreso de los Diputados investigar el denominado caso Corinna sobre las supuestas actividades irregulares del emérito Juan Carlos mencionadas en una conversación grabada por el excomisario José Manuel Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga personal del monarca. “La España democrática del siglo XXI no debería tolerar la corrupción y menos aún si señala a la monarquía. No se pueden poner piedras a la investigación, exigimos transparencia”, reza uno de los tuits lanzados desde la cuenta oficial de Podemos que comparto de principio a fin.

A su vez, el juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha archivado el caso, siguiendo el criterio de la Fiscalía, al entender que solo existe el relato que hace esta examiga del monarca y que en los documentos analizados no hay ningún dato que justifique las acusaciones, que bien pudieron venir motivadas por “la ruptura de la relación de amistad” entre ambos. El juez recurre a si las manifestaciones no están motivadas por un “posible móvil espurio, de resentimiento, venganza o enemistad que pueda enturbiar la sinceridad del testimonio”.

La Fiscalía cree que esta cuestión “no resulta susceptible de investigación en sede penal”, por lo dicho anteriormente y por la condición de inviolable que Juan Carlos I tuvo durante todo su reinado en España, sostenida en el artículo 56 de la Constitución, aunque admite que los hechos podrían ser constitutivos de infracción fiscal. Así pues, las declaraciones de Corinna al comisario Villarejo no serán investigadas por la Justicia. No habrá investigación penal ni parlamentaria al hoy rey emérito, pero la Agencia Tributaria sí podría realizar alguna actuación ante las acusaciones lanzadas por Corinna. Es lo que sugiere la Fiscalía Anticorrupción porque Juan Carlos sigue gozando de aforamiento pero no de inviolabilidad desde que a mediados de junio de 2014 abdicó la Corona en favor de su hijo.

¿Qué se consigue con este proceder del juez, el fiscal y la Mesa del Congreso? Muy fácil: que los españoles no sepamos si Juan Carlos utilizó como testaferro a Corinna para esconder patrimonio; si el emérito cobró comisiones (por medio de su amigo personal Juan Miguel Villar Mir) después de que un consorcio de empresas españolas ganara el contrato del AVE a La Meca; si es cierta o no esta declaración de Corinna: “De forma repentina en 2012 pude ver en una anotación bancaria un importante volumen de dinero y le pregunté (a Juan Carlos I) de dónde viene. Y él me contestó de Arabia Saudí. Yo no sé quién se lo mandó, pero sé que es Canónica quien lo hizo. Otra vez Canónica”; ¿Es Álvaro de Orleans el testaferro de Juan Carlos? Así lo asegura Corinna: en varias ocasiones el rey mueve dinero en el extranjero con una suerte de personas de su confianza. No da nombres concretos sobre ellos, a excepción del primo del monarca; ¿Obtuvo Corinna información comprometedora de la mano del monarca? ¿Es cierto que el CNI y Villarejo recibieron órdenes de localizar una presunta documentación que el rey emérito le habría entregado a modo de salvavidas y para garantizar su futuro cuando ambos mantenían una relación sentimental?; ¿Es cierto que las autoridades suizas amenazaron con denunciar a Juan Carlos I a la Hacienda española si mantenía una cuenta abierta en Suiza a su nombre, tal y como afirmaba también Corinna?; también hubiera sido muy interesante saber quién pagaba los vuelos privados utilizados por el rey emérito y sus estancias en hoteles de alto copete.

Para terminar, también quisiéramos saber si es cierto que el motor de la desavenencia de Corinna con el emérito fue el dinero. En su conversación con Villarejo, la empresaria mantiene que durante los años en los que estuvieron juntos, el rey emérito habría colocado por medio de sus colaboradores distinto patrimonio a su nombre y facilitado su acceso a determinados negocios. Corinna llega a decir que el monarca quería casarse con ella porque era la forma más sencilla de disfrutar de ese patrimonio sin llamar la atención. Pero nunca llega a cifrar ese patrimonio, ni a enumerarlo, y mantiene que fue el director del servicio secreto español quien le presionó para que pusiera parte de ese patrimonio a nombre del monarca, o de personas de su confianza. Algo que el director del CNI negó de forma reiterada en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Allí, los políticos sí pudieron preguntar, pero las respuestas concretas quedaron solo para sus oídos.

Ya veis, mis lectores, los tejemanejes del susodicho. ¡Menudo elemento! ¡Y que sea inviolable y no sujeto a responsabilidad! ¡Menudo chollo! No son justas cierta leyes, ni tampoco que amparándose en estas leyes injustas los políticos, ciertos políticos, se empeñen en defender e imponernos una Monarquía corrupta. Imperdonable. PSOE, PP y Ciudadanos han hecho un flaco favor a nuestra democracia. Han venido a confirmar que en toda monarquía siempre hay posos de absolutismo y eso implica opacidad. Esos partidos, contribuyendo a esa opacidad, han desmentido su voluntad de regeneración democrática pretendiendo limitarla del rey para abajo, dando lugar al incremento de la sensación de impunidad que socialmente se extiende respecto a conductas de cargos públicos ética y políticamente reprobables.

En la gacetilla de mañana hablaremos de CINISMO HIPERBÓLICO.