@ellibelaresc

El ministro Montoro, acompañado de su singular paratimia, ha presentado en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2015. Recortes por todas partes, sobre todo en lo que no cree: en educación, sanidad, dependencia, servicios sociales, sueldos, pensiones pírricas, un 15% menos en el gasto en prestaciones por desempleo, vuelven a bajar las partidas de becas y contra la violencia machista, en fin, un desastre. Eso sí: no hay recortes para los obispos. El Gobierno les reserva en sus Presupuestos 13,2 millones de euros al mes. Serán al año 158,4 millones, un adelanto del 0,7% del IRPF de los contribuyentes que marquen la casilla de la iglesia católica. Una vergüenza y un despropósito. ¿Qué se podría hacer con ese dinero que ahora engorda y lustra a los obispos?

Según se refleja en una disposición adicional relativa a la ´revisión del sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica´, los 13,26 millones que se le entregarán mensualmente son a cuenta de la cantidad que el Estado debe asignarle por aplicación de otra disposición adicional aprobada en los presupuestos de 2007. En esas cuentas el Gobierno fijó que, desde el 1 de enero de ese año y ´con carácter indefinido´ y en desarrollo del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos (que data de 1979), el Estado destinaría al sostenimiento de la Iglesia Católica el 0,7 % de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los contribuyentes que manifiesten su voluntad en tal sentido.

Antes del 30 de noviembre de 2016 se efectuará una liquidación provisional a la iglesia de la asignación correspondiente a 2015 (159,2 millones anuales), y la liquidación definitiva se realizará antes del 30 de abril de 2017. En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente, de forma que si la Iglesia recibió más dinero del que luego le han concedido los contribuyentes, se lo devolverá al Estado, y viceversa.

Ya me diréis, queridos lectores de El liberal, si es correcto lo que está pasando en este país. El señor Montoro paga, primero, porque así está firmado en el concordato, y segundo, porque ya tienen bastante con la movidita que les está preparando la católica con el tema del aborto y del voto de los ´católicos´. Pero el señor Montoro, como antes hizo el gobierno de Zapatero, de Aznar, de Felipe González, no le recuerda (quizá no les interesa) a la católica el compromiso firmado en ese mismo Concordato de que en tres años iban a independizarse de la servicia económica del Estado. Han pasado muchos años y seguimos con lo mismo. No se merecen ningún voto. Juegan con nuestro dinero como les place. No buscan nuestro bienestar, solo la poltrona. ¡No los votéis!

Pero os tengo reservado un último detalle que evidencia la locura de este gobierno: la financiación con dinero público (30,1 millones de euros) de la Obra Pía de los Santos Lugares, una institución que data de los tiempos de las cruzadas pero que se reguló por primera vez en 1940, el año I de la dictadura franquista. Aunque en sus inicios sus funciones eran ´dotar a doncellas en apuros, socorrer a los peregrinos y auxiliar las almas de los difuntos´ ahora asume otras tareas como son ´Sostener la Basílica-Museo de San Francisco el Grande de Madrid, mantener e incrementar la presencia española en Tierra Santa y promover el estudio de la historia de la presencia española en los pueblos del Mediterráneo y Oriente Medio y, en especial, en Tierra Santa´. Para los no iniciados en el vocabulario religioso del BOE y del Ministerio de Exteriores, Tierra Santa es una denominación geográfica imaginaria que se refiere a Palestina, Israel, Turquía, Siria e incluso Egipto. ¡Qué abstracto todo, ¿no?! ¿Quién se hará con ese dinero? Ni existe información en la web del ministerio, ni memorias de actividades, ni ninguna noticia acerca del resultado de sus desvelos. ¿Qué hacen en realidad? Gestionar un patrimonio repartido entre Roma, Jerusalén, Oriente Medio y Marruecos procedente en parte de la época de las Cruzadas. El estado cede la gestión y enajenación de inmuebles de titularidad pública a un organismo en el que trabajan funcionarios públicos pero que está dirigido por religiosos. La función de este organismo es desviar los ingresos, por supuesto que exentos de impuestos,  de estos inmuebles a organizaciones eclesiásticas. El negocio redondo. Dinero público para un beneficio privado.

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En la gacetilla de mañana hablaremos de VERGÜENZA QUE NO TIENEN.

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