@ellibelaresc

Decía Teresa de Jesús que Dios también está en los pucheros, y  digo yo que también en los frontones, en los garajes o en los innumerables bienes, incluidos los templos, que la iglesia católica ha ido inmatriculando a su nombre en nuestro país  durante los últimos años y a partir de unas leyes franquistas que la nueva Ley Hipotecaria pretende eliminar.

Se hace imprescindible una nueva desamortización como la hecha por Mendizabal en 1836, pero bien hecha. Aquella expropió a la iglesia pero esos bienes en lugar de administrarlos el Estado  terminaron  beneficiando a ricachos y caciques que pudieron hacerse con la propiedad de los mismos por encima de los intereses públicos.

La situación de privilegio de la secta católica en España es escandalosamente insostenible. La Santa Madre, como saben mis lectores, no paga el IBI por sus propiedades conseguidas de forma fraudulenta. Este privilegio injusto constituye una formidable exclusión fiscal que permite la opulencia de la jerarquía católica frente a las estrecheces que pasan algunas de sus organizaciones afines, como Caritas, para plantar cara a la miseria creciente. Una auditoría interna permitiría calibrar el alcance de esa paradoja hipócrita que, en las últimas semanas, se ha incrementado con una campaña mediática para recabar mayores donativos a las parroquias, más allá del trato de favor que la iglesia recibe en la declaración del impuesto sobre la renta en este país supuestamente aconfesional.

La Ley Hipotecaria de 1946 –promulgada en pleno franquismo y que ahora se encuentra en proceso de modificación por parte del Gobierno español—permite inscribir a nombre de la Iglesia bienes eclesiásticos que no se encuentren escriturados por terceros. Aprovechándose de esta ley injusta y de la pasividad del Gobierno  los justos del Señor se han hecho y siguen haciendo lo amos y señores de media España. Poseen más de cien mil propiedades en el Estado español, incluyendo el 70 por ciento de los cascos históricos de ciudades como Ávila o Toledo. Y todo robado con la permisividad de Franco y demás.

Desde Andalucía a Castilla La Mancha, desde la Comunidad Valenciana a Aragón y Navarra en los últimos años han ido aflorando datos concretos de este escándalo. En el caso concreto de la Mezquita de Córdoba, se sabe que la iglesia católica la inscribió a su nombre en 2006 por la suma de 30 euros. ¿Qué han hecho los registradores de la propiedad, los colegas profesionales de Mariano Rajoy, ante dichas prácticas? Mirar hacia otro lado y acogerse con beatería a la legislación vigente. Los registradores se encogen de hombros siguiendo la costumbre del lugar.

La Mezquita de Córdoba es la inmatriculación más significativa y deshonesta por parte de la secta. Concentraciones pacíficas, conferencias y debates pretenden presentar batalla al monopolio cordobés que el obispado pretende ejercer sobre un conjunto monumental restaurado por la Junta de Andalucía y del que la iglesia obtiene pingües beneficios por su crucial atractivo turístico. Se reclama la intervención de las administraciones públicas y de la Unesco para que deje de emplearse institucionalmente el término Catedral para referirse a dicho enclave: ´Mezquita de Córdoba es su designación popular, universalmente conocida y la empleada por la Unesco al declararla Patrimonio Mundial en 1984´.

También se demanda  en estas actividades reivindicativas  ´la gestión pública y transparente de la Mezquita-Catedral´, actualmente en las exclusivas manos del obispado cordobés. ´Su inmensa dimensión cultural, simbólica y patrimonial debe ser administrada por un patronato público con criterios ajustados a su universalidad, garantizando la transparencia en todos los aspectos de su gestión, incluida la económica, y la difusión histórica, artística y arquitectónica con pautas estrictamente científicas´.

Que el Señor, en su infinita misericordia, nos oiga y expulse del templo a esta clerecía tan ladrona, insensible e hipócrita.

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En la gacetilla de mañana hablaremos de EN FAVOR DE UNA TV PÚBLICA Y PLURAL.

 

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