@ellibelaresc

En la página web de la Conferencia Episcopal, en un rinconcito de la parte superior derecha, se nos informa de que la iglesia católica española inaugura su Portal de Transparencia. Uno va a ver qué nos cuentan los obispos en este portal y aprecia la supina tomadura de pelo. Sus contenidos son los siguientes: quiénes somos, acuerdos Iglesia-Estado, Estatutos de la CEE, organigrama y convenios de asignación tributaria. Documentos con datos muy conocidos que no implican transparencia. Nada se nos dice sobre ingresos, propiedades o inversiones de la Iglesia, ni el desglose de las retribuciones de los obispos. Tampoco hay rastro de las transferencias de dinero público a la educación o sanidad concertadas en centros dependientes de la Iglesia ni del destino de los 11.000 millones de euros que reciben del Estado. Y uno saca la misma conclusión de siempre: que mientras las ONG son fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, los obispos siguen campando a sus anchas.

La Ley de Transparencia aprobada recientemente por el Gobierno no afecta a la Iglesia católica, a la que no fiscaliza el Tribunal de Cuentas, como sí ocurre con los partidos políticos o las Organizaciones No Gubernamentales. La Iglesia católica está protegida por el acuerdo con la Santa Sede, del 3 de enero de 1979, que la salva de dar cuenta de sus gastos del dinero público. Concretamente, se establece que los fondos que el Estado español destine a los obispos, a través de los Presupuestos Generales del Estado, deberá cuantificarlos conforme a los fines que la institución fije y que deberá explicar a través de una memoria que haga de los gastos públicos. Memoria en la que tampoco constará documentación alguna que acredite de forma fehaciente la citada utilización.

A esto hay que añadir que la Iglesia Católica sigue disfrutando de la exención de la paga del IBI. Según Europa Laica, este regalo supone cada año entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Otro beneficio que ha saltado recientemente a la luz, gracias al ladrón del Códice Calixtino, es la enorme cantidad de dinero libre de impuestos que recauda la Iglesia con el famoso cepillo. Sólo en la Catedral de Santiago de Compostela se estima que lo recaudado supera los cuatro millones de euros al año.  ¿Y la Mezquita de Córdoba? Todo sin declarar.

Por otra parte, el Estado paga a la Iglesia Católica cada año 109 millones de euros con los que se paga a los docentes de Religión que adoctrinan en catolicismo en los colegios públicos.

Además de la casilla del 0,7% del IRPF, la Iglesia recibe cantidades ´desconocidas´ de fondos públicos procedentes, entre otros, de conciertos educativos o sanitarios o a través de sus propias entidades destinadas a fines sociales, como Caritas o Manos Unidas.

¿Por qué se evita continuamente abordar el asunto de la fiscalización del dinero público que recibe la Iglesia Católica cuando nuestra sociedad demanda más transparencia a sus instituciones? En el propio Tribunal de Cuentas se tiene la impresión de que ´si se conociese la cuantía total recibida por todos los conceptos y se dispusiera del listado de actividades desarrolladas, se llegaría a la conclusión de que la Iglesia está sobrefinanciada´. Es más, un miembro del Tribunal de Cuentas advierte que ´es muy posible que la Iglesia esté obteniendo un enriquecimiento injusto con esta forma peculiar de financiación, que suma vías finalistas y otras de sostenimiento general´.

¿Si estas son las normas aprobadas en el Concordato por qué no se quitan? ¿Qué interés oculto puede haber en mantener un acuerdo que perjudica a los españoles y beneficia exclusivamente a la iglesia católica? ¿Qué nos da la católica en contraprestación? ¡Ah, ya lo entiendo, el beneficio de la gracia divina! La iglesia nos perdona los pecados, que son muchos y les supone un gran esfuerzo y, a cambio, recibe del Estado el perdón de los impuestos del IBI. Negocio redondo.

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En la gacetilla de mañana hablaremos de EL PROGRAMA ELECTORAL MARCO DEL PP.

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