@ellibelaresc

La Constitución que actualmente nos gobierna cumplió su papel en la llamada Transición. Hoy, transcurridos muchos años desde su aprobación, nos parece obsoleta y pisoteada. Se hace imprescindible un pacto, que unos dicen parcial y la mayoría pensamos que total, para reformar la Constitución de 1978.

Habrá que reconocer que nuestra Carta Magna cumplió, y bien, en su momento, pero ahora ya no. Conviene recordar que en el 78 se redactó una Constitución pensada principalmente para restaurar la monarquía, configurar un sistema de partidos bipartidista, conjurar la participación directa del pueblo y resolver la plurinacionalidad a través de la descentralización. Y expresamente se dejaron intactas decisivas estructuras de poder del franquismo, tanto en los aparatos estatales –magistratura, fuerzas de seguridad, ejército, burocracia– como en sectores empresariales; se postergó todo lo social a la posición menos vinculante y se decretó el olvido y la consiguiente impunidad de los crímenes franquistas. Y así hasta hoy.

La Constitución, pues, se redactó para una coyuntura concreta, por eso, con el paso del tiempo, se está demostrado que está desconectada de la realidad actual del País y que está reclamando una revisión a marchas forzadas. Sea el caso de la relación del Estado con la iglesia católica. Apreciamos que el peso de las consecuencias culturales de la guerra inspiró artículos concretos, como el que da por hecho que las creencias religiosas de la sociedad española son las católicas, solo mayoritarias en 1978 por la recatolización violenta llevada a cabo durante la conflagración y la dictadura.

En su momento debió expresar la homogeneidad socioeconómica conquistada por el incipiente Estado del bienestar, pero no lo hizo. Debió de haber abordado las reformas necesarias para lograr la democratización plena de los aparatos del Estado, reconocer los derechos de las víctimas de la dictadura y dar el salto definitivo desde la lógica de las autonomías a la del federalismo. No fue así, y ello a pesar de los gobiernos mayoritarios socialistas.

Estas lagunas constitucionales se ven agravadas en la actualidad por el abuso de la legislación por decreto a que se ha habituado el PP y que ha dejado prácticamente sin contenido la forma parlamentaria. La regulación de la administración local ha socavado la autonomía municipal. La recuperación de la justicia onerosa ha mermado el derecho a la tutela judicial efectiva. Los recortes en servicios públicos y la política de vivienda convierten en ilusorios los derechos sociales más elementales. Las reformas laborales han eliminado la obligatoriedad de la negociación colectiva y han vaciado aspectos sustanciales del derecho al trabajo. La reciente legislación en materia de seguridad ciudadana merma gravemente los derechos de reunión o manifestación y la libertad de expresión. Y, por si fuera poco, en el horizonte se otean reformas electorales para liquidar todo atisbo de proporcionalidad, una regulación de la huelga dirigida a eliminar su carácter de derecho fundamental y una ley de seguridad nacional con estados de excepción literalmente extraconstitucionales. Por eso, desde nuestro parecer, habría que revisar la Constitución, ¿pero cómo? Las salidas parecen claras: o un referéndum consultivo sobre la idoneidad de abrir un periodo constituyente, creando un verdadero año cero para nuestro orden político en caso de asentimiento mayoritario; o un aligeramiento de los requisitos para la revisión parcial. En cualquier caso, lo que dará dimensión constituyente a una hipotética y deseable revisión de la letra constitucional, por parcial y localizada que esta sea, será siempre la intervención directa y sin mediaciones del poder constituyente del pueblo.

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En la gacetilla de mañana hablaremos de VIOLENCIA MACHISTA.

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