@ellibelaresc

Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón se sentarán hoy, 11 de enero, en el banquillo del ‘caso Nóos’, el primer proceso de la historia de España en el que será juzgado un miembro de la familia del rey. La vista se abrirá con la incógnita de si el fiscal logra que el tribunal le aplique a Cristina la doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa la acción popular, y la libre así de ser juzgada. Cosa que me parecería injusta, nefasta y nefanda.

Los abogados de Cristina alegan indefensión y el juez Castro sostiene que no es así,  que la infanta ha tenido un trato diferente  que el que han recibido los demás imputados. El juez considera que el papel de la infanta en la trama es evidente, y la acusa de cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarín, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.

Para este caso el sindicato Manos Limpias solicita ocho años de cárcel para la hermana del rey Felipe VI. Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón. Quien lo quiera entender, que lo entienda. Para justificar su petición de ocho años de cárcel –cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales–, Manos Limpias considera que la exduquesa incurrió en un agravante, y fue el de haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios. Considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente urdido por Urdangarín y su exsocio Diego Torres con el objetivo de desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos desde las Administraciones públicas. Mediante esta trama ambos se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. Según el sindicato, la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarín nunca hubiera podido tener lugar sin la necesaria intervención de Cristina de Borbón, de ahí que sea considerada cooperadora necesaria de los dos delitos contra la Hacienda pública en que incurrió su esposo. ´La infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aun así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma´.

Por su parte el fiscal Pedro Horrach  ha solicitado archivar la imputación de la infanta al recriminar que se le acuse en base a ´sospechas´ y a un ´raquítico ‘pudo saber´, lo que a su juicio la sitúa en una ´posición de indefensión´.  Castro, ante esta postura del fiscal, asegura no llegar a comprender por qué la misma petición que plantea el fiscal respecto de la infanta no la hace extensiva a los acusados Miguel Tejeiro Losada, Salvador Trinxet Llorca, Alfonso Grau Alonso, Gerardo Corral Cuadrado y Miguel de la Villa Polo, ´que se encuentran rigurosamente en la misma situación procesal, y de los que en esta concreta cuestión se desentiende y deja abandonados a su exclusiva suerte, sin su especial apoyo y al margen de esa pretensión de promoción y garantía de unidad de criterio en la correcta aplicación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal´.

El juicio promete ser más que interesante.

En todo este entramado judicial el entorno de Cristina ve que Letizia, su cuñada, y el jefe de la Casa real, Jaime Alfonsín,  son los artífices de la ´dureza y ensañamiento´ de las medidas tomadas contra  la infanta. Y es que según el entorno de Zarzuela hay que estar atentos: el inicio del caso Nóos y la inestabilidad política han redoblado los esfuerzos por proteger a la Corona, pero la infanta Cristina no lo entiende. No entiende que, caiga quien caiga, el objetivo es salvar la Corona. Y lo van a tener complicado. Al tiempo.

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En la gacetilla de mañana hablaremos de MEJOR SIN MAYORÍA ABSOLUTA.

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