@ellibelaresc

¿Qué nuevas artimañas van a sacar de la chistera el Gobierno, el fiscal y la Agencia Tributaria para tratar de desimputar a la hija del emérito y hermana del actual? El enésimo favor del Gobierno a la infanta Cristina produce especial rubor. Dice la abogada del Estado que representa al Ministerio de Hacienda en el juicio que lo de ´Hacienda somos todos´ solo era un lema publicitario; que no hay que tomarse la frase al pie de la letra ya que fue creado ´exclusivamente como forma de concienciación del país´. ¡Alucinante y esperpéntico!

Ahora resulta que Hacienda, que no nos pasa una a los ciudadanos, en el caso de Cristina ha aceptado que  unas facturas falsas sirvan para desgravar o que Hacienda permita a doña Cristina de Borbón deducirse impuestos por el pago de empleados imaginarios; todo ello, con el único objetivo de rebajar la cantidad defraudada por la infanta al mínimo y que así pase por debajo del límite a partir del cual empieza el delito fiscal. ¡Vergonzoso! Y encima se ha puesto de lado del fiscal para intentar que nadie más pueda acusarla, tampoco la acusación particular. La jugarreta está clara: Si Hacienda no somos todos, y es el Estado –y no los ciudadanos– el único perjudicado del presunto fraude fiscal de la infanta, la doctrina Botín salvaría a Cristina de Borbón del juicio que acaba de arrancar.

Escandaloso, porque se supone que la Abogacía del Estado no solo representa los intereses de Hacienda, sino también de todos los ciudadanos. Aunque tal vez esto también sea publicidad engañosa, como lo de la igualdad de los españoles ante la ley.

El tema está dando que hablar, y los técnicos de Hacienda reprochan a la Agencia Tributaria (AEAT) que no acuse a la infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos contra la Hacienda Pública, que se imputan a su marido, Iñaki Urdangarín, por el IRPF de los años 2007 y 2008 y que sí se hacen extensivos a la esposa de su socio Diego Torres, Ana Tejeiro. Consideran que el ´Hacienda somos todos´ no es solo un lema publicitario sino que transciende incluso jurídicamente. Los profesionales se apoyan en que el bien jurídico protegido no es solo el patrimonio de la Hacienda pública, sino los valores consagrados en el Artículo 31.1 de la Constitución, entre los que está el justo reparto de la carga tributaria.

Del mismo modo, los profesionales de Hacienda también lamentan que la Agencia se aparte de la práctica habitual establecida en los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria, que determinan la responsabilidad tributaria y especifican quiénes son responsables solidarios de la deuda. Según esta norma, ´serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria las personas que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes con la finalidad de impedir la actuación de la administración tributaria´.

No estuvo acertada (por manipulada) la abogada del Estado con el recurso al eslogan publicitario. De acuerdo con la tesis de la abogada tributar conforme a lo que establecen las normas no redunda directamente en beneficio de todos los ciudadanos. O dicho con otras palabras: que no todos los ciudadanos resultan perjudicados de la defraudación fiscal. Lo cual todos sabemos, porque así nos ha concienciado Hacienda, que no es así. Que todos los ciudadanos tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos para favorecer el bien común. La Abogacía del Estado ha utilizado el peor de los argumentos posibles, porque, en efecto, muchos ciudadanos piensan que Hacienda no somos todos y actúan en consecuencia: defraudando. Lo que clama al cielo -argumento coincidente de la defensa, el fiscal y la Abogacía del Estado- es que se sostenga que, por los mismos hechos, sí hay delito para unos (Urdangarin) y no para otros (la infanta). Desde ese punto de vista, Hacienda, en efecto, no somos todos.

También el juez Instructor  José Castro protesta en una nota de prensa: ´Esto de que ‘Hacienda no somos todos’ es una cosa que ya se temía, pero que te lo digan en la cara me parece una falta de respeto hacia los que, ingenuamente, hemos pagado nuestros impuestos creyendo en este principio´. Piensa el juez que  tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado están utilizando una diferente vara de medir en el caso de las acusaciones que recaen sobre la infanta Cristina, comparado con cualquier otro ciudadano.

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En la gacetilla de mañana hablaremos de ¿Y NO ES URGENTE ROMPER EL CONCORDATO?

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