@ellibelaresc

La tremenda crisis económica que estamos padeciendo en el lado positivo nos sirve para descubrir infinidad de corruptelas de los políticos que hasta antes de la crisis ni siquiera pensábamos que iban a salir a la luz y que una vez han salido empezamos a darnos cuenta de la inmensa maldad con que los políticos, no todos, han aprovechado ciertas oportunidades para enriquecerse o, como es el caso, para dotarse de un estatus que les dé ventaja ante cualquier otro ciudadano. No ha habido crisis para los políticos profesionales, aquellos que desde su juventud hasta su jubilación cobran del contribuyente en calidad de concejal, alcalde, presidente y consejeros de mancomunidad, diputación, parlamentos y gobiernos regionales, congreso, senado y monarquía. Sí para el resto de los ciudadanos. En una sociedad razonablemente democrática esos cargos deberían ser desempeñados por ciudadanos que dedican una parte de su vida a la política, pero que antes y después de ello se ganan el pan como lo hacemos la mayoría, trabajando como campesinos, obreros, profesores, médicos, administrativos, funcionarios, abogados, etcétera. Es lo que hizo Gerardo Iglesias, el dirigente de Izquierda Unida que regresó a la mina tras su paso por la Carrera de San Jerónimo.

El día 13 de enero hemos empezado una nueva legislatura y sería bueno que su duración sirviera para introducir en la agenda oficial ese elemento de sentido común expresado por el 15-M con la fórmula ´no hay pan para tanto chorizo´. La crisis económica y los escándalos de corrupción del PP, mayoritariamente, y también del PSOE en Andalucía, han llevado a millones de españoles al convencimiento de que tenemos excesivos cargos políticos retribuidos y de que estos disfrutan de sueldos y, sobre todo, de privilegios difícilmente justificables. ¿Es verdaderamente necesario que existan las diputaciones provinciales y el Senado? Tal y como funcionan esos organismos en la España de 2016, ¿es sensato que haya cientos de políticos que cobren por pertenecer a ellos? Son dudas razonables como también lo es la relativa a que, en la cúpula de nuestro poder judicial, tengamos un Tribunal Supremo, un Tribunal Constitucional y un Consejo General. Me niego a creer que sea imposible simplificar y abaratar nuestra tela de araña institucional.

Todo en nuestra casta política de élite suena a sueldos exagerados por los pluses y ´contrapluses´ que se han inventado y legislado, y privilegios secundarios, pero no por ello costosos para esas arcas públicas que costeamos todos. ¿Por qué los diputados consiguen una pensión de jubilación máxima con apenas unos cuantos años en el escaño cuando a los demás se nos exigen más de siete lustros de laboriosa cotización? ¿Por qué les tengo que pagar un iPhone y un iPad de última generación? ¿Por qué tienen que recibir una ayuda a la vivienda los que ya tienen piso en Madrid? ¿Por qué la gratuidad de sus viajes no se limita a aquellos que hagan entre su circunscripción y la capital (si Monago quiere ir a ver a su novia en Canarias, que se lo pague de su bolsillo). Y, por supuesto, no comprendo por qué no se les limitan sus mandatos –ocho o doce años a lo largo de toda su vida– para impedir que conviertan la política en un circo.

Veo de justicia que se les pague un sueldo digno  y que sea incompatible con pluses, otros cargos públicos o actividades lucrativas privadas. Que disfruten de excedencia obligatoria en sus trabajos habituales para que puedan regresar a ellos al terminar su servicio público. Que coticen al Régimen General de la Seguridad Social a efectos de asistencia sanitaria, seguro de desempleo y pensión de jubilación, sin que tengamos que pagarles seguros médicos o planes de pensiones privados. Que reciban una indemnización y cobren el desempleo si, por tales o cuales razones, no son readmitidos en sus trabajos habituales. Que se les facilite un teléfono inteligente, de fabricación española de preferencia, para el ejercicio de su función (aunque cito este derecho me resisto a entenderlo porque de ser justo que se le dé un teléfono inteligente para el cumplimiento de su trabajo por qué no a todos los empleados del estado para que también cumplan con su misión). Todo esto es justo y necesario, pero no lo es, por ejemplo, que tantos concejales, alcaldes y diputados regionales o nacionales tengan coches oficiales. No veo demasiado problema en que fueran a sus despachos en bicicleta, vehículo privado o transporte público, como hacemos los demás. Los padres fundadores de Estados Unidos tenían razón: no hay verdadera democracia sin ejemplaridad de los políticos en el ejercicio de los valores de la sobriedad y la honestidad.

A todo esto hay que añadir los privilegios de exdiputados y expresidentes del Congreso porque muchos de ellos siguen cobrando una pensión y también complementos. Los diputados que dejan sus escaños cuando finaliza la legislatura tienen derecho a la denominada indemnización de transición, que equivale a dos meses del sueldo que venían cobrando (tanto la asignación constitucional como los complementos que les correspondieran) y se abona en un solo pago. Los diputados que cesan en sus cargos por la disolución de las Cortes, repiten en las listas pero no consiguen renovar sus escaños, pueden solicitar una indemnización por cese que les permitirá cobrar durante dos años su asignación constitucional… Y no pararíamos con lo bien que se lo han montado estos servidores del pueblo. En otra gacetilla hablaremos de los sueldos.

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En la gacetilla de mañana hablaremos de TÁCTICA Y ESTRATEGIA.

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