@ellibelaresc

Seguimos y concluimos la gacetilla de ayer. Además de lo dicho, el Protocolo Adicional firmado  para redondear los beneficios de la católica vuelve a incidir en que la asignación presupuestaria será una dotación global fijada anualmente en los PGE y señala, también, que se fijarán de común acuerdo los conceptos tributarios en los que se concretan las exenciones. Y, a modo de garantía, se deja constancia de que, ´siempre que se modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario español, ambas partes concretarán los beneficios fiscales y los supuestos de no sujeción que resulten aplicables de conformidad con los principios de este Acuerdo´. Por si alguna duda quedaba del trato de favor que impregna todo el texto de los Acuerdos de 1979.

A este cúmulo de privilegios y exenciones tributarias, se sumaría, años más tarde, durante el Gobierno Aznar, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que hacía extensiva a la iglesia católica todos los beneficios aplicables a este tipo de entidades sociales y ONG. De este modo, como si de un auténtico regalo de Navidad se tratara, dicha ley completa el círculo de las exenciones tributarias de las que se aprovecha la iglesia católica que, al margen de su labor espiritual y social, disfruta de un auténtico paraíso (fiscal) en la tierra, y ello resulta especialmente grave en esta época de crisis, recortes y austeridad en la cual, la Iglesia, dadas las exenciones de que disfruta, no ha contribuido en materia fiscal, más aún, sigue recibiendo unos ingresos anuales garantizados por parte del Estado, algo que el resto de los servicios públicos estatales no tienen tan seguro.

Así las cosas, varias reflexiones debemos considerar, y ello sin tener en cuenta otras consideraciones, sobre todo las referentes a educación y a la presencia ´obligada´ en muchas instituciones. La democracia española debe defender el principio de laicidad, que se sustenta en la libertad de conciencia de sus ciudadanos y en la neutralidad del Estado en materia religiosa. Resultan inadmisibles, por ejemplo, la campañas eclesiásticas lanzadas durante el Gobierno Zapatero contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la más reciente imposición por parte de la Conferencia Episcopal de la materia de religión en el currículo de Bachillerato con el servil asentimiento del ministro Wert. Da la impresión de que la católica es colegisladora junto con el Estado. De ahí la necesidad de romper los acuerdos del 79 puesto que ningún Estado democrático puede enajenar su soberanía en materia de derechos fundamentales a favor de una comunidad religiosa.

Entre los numerosos déficits democráticos de los que adolece nuestra sociedad, se halla la ausencia de un Estatuto de Laicidad, algo que debió de ser tarea y deber del PSOE durante sus años de Gobierno, pero que nunca tuvo el coraje político de impulsar. Defender la identidad laica de la democracia española no supone, ni debe interpretarse, como una actitud antirreligiosa sino como el deseo de lograr una necesaria y plena separación de la iglesia y del Estado, lo cual supone, en definitiva, seguir el mensaje evangélico de ´dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios´.

La laicidad no debe confundirse con la lucha entre dos confesionalismos, el católico y otro que pretenda imponer la laicidad a base de doctrinarismo. Se trata de impedir que las religiones condicionen a las instituciones estatales y de situar las creencias espirituales en el terreno privado. Todas ellas son respetables, también cuando intervienen en los debates públicos, pero no más que el derecho a hacerlo por parte de otros grupos sociales.

En la gacetilla de mañana hablaremos de EL OCASO DE LA DIOSA.

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