@ellibelaresc

Ya hemos escrito más de una vez sobre el tema de las inmatriculaciones en este blog. Resulta escandaloso  que la Iglesia Católica, en connivencia con los gobiernos del PP y PSOE, lleva décadas inscribiendo a su nombre edificios de culto y de uso público (proceso denominado inmatriculación), y son muchas las organizaciones que reclaman al Gobierno transparencia y que se recupere el patrimonio inmobiliario para uso y disfrute público. La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, entre otras, ha puesto el grito en el cielo porque la iglesia se ha apropiado de inmuebles, estos están exentos de impuestos, explotan el edificio, muchos cobran entrada y luego no se hacen cargo de la manutención y reparación del mismo. Es un insulto a todos los contribuyentes de este Estado aconfesional.

Esta plataforma navarra está muy activa y debería ser un ejemplo para el nacimiento de otras muchas en las distintas provincias de España con el objetivo de pedir al Gobierno que rinda cuentas de los bienes inmatriculados de la Iglesia y proceda a su recuperación para uso público. El Ejecutivo evita a toda costa ofrecer datos al respecto, y la plataforma asegura que ´no dan el número de matriculaciones porque sería un escándalo´.

Desde que en 1946 la dictadura franquista permitiera con la antigua Ley Hipotecaria que los obispos inscribieran como propiedades suyas edificios públicos, la Iglesia no ha hecho más que atribuirse propiedades. Es decir, casas de sacerdotes o escuelas del pueblo quedaban en manos de la Iglesia Católica. En 1998 José María Aznar fue un paso más allá: reformó dicha ley de tal forma que permitía que catedrales, ermitas, iglesias y demás edificios públicos pudieran ser inmatriculados con la sola condición de que el obispo de la diócesis asegurara que tal o cual inmueble era de la iglesia. A partir de entonces, la Iglesia ha inmatriculado edificios tan emblemáticos como la mezquita de Córdoba o la catedral de Málaga, entre muchos otros. El pasado año se revirtió dicha reforma, pero aún no se conocen datos oficiales del número de inmuebles inmatriculados desde la época franquista.

La Plataforma de Navarra ha asegurado que llevan casi una década exigiendo al ministerio de Justicia que ofreciera datos tangibles al respecto, ´pero siempre se han negado´. Lo que sí señala es que el parlamento navarro y el vasco pidieron datos de las inmatriculaciones en sus respectivas comunidades y se los dieron, tras mucho insistir. Y como era de esperar, las cifras son inquietantes. Desde 1998, con la reforma de Aznar, se inmatricularon unos 1.087 inmuebles solo en Navarra. Por su parte, en País Vasco fueron más de 500.

El foco inmatriculador  se sitúa ahora en Valencia, donde la Iglesia ha aumentado su patrimonio inmobiliario un 38,5% en los últimos 10 años, sumando 99 propiedades nuevas a su nombre. Según señala el diario Levante, este montante equivaldría a unos 238 millones. En total, solo en la Comunidad Valenciana, el Estado eclesiástico tiene en su haber unos 2.419 inmuebles que suman 618 millones de euros, según datos del Catastro.

Otro de los puntos conflictivos que habría que tener muy en cuenta para conseguir que nuestro Estado sea realmente laico pivota en torno a las subvenciones. La Iglesia recibe ayudas públicas en calidad de mantenimiento y restauración. Cosa incomprensible: roban  con el consentimiento de los políticos de turno, les pagamos el mantenimiento de lo robado y ellos, a su vez, nos pasan el recibo (que es donativo y por tanto no paga impuestos)  si queremos visitar un monumento, una catedral o una mezquita que son nuestros. Escandaloso.

En la gacetilla de mañana hablaremos de ¿POR QUÉ NO BORRELL?

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