@ellibelaresc

Lo que ocurre en este país ya se pasa de castaño oscuro. La última resolución del Tribunal de Cuentas es de escándalo, y nos sitúa donde nos quieren dejar: en la total indefensión ante el privilegio de unas castas católicas que tienen sorbido el seso a ciertos políticos y gobernantes.

Es muy difícil de entender que el Tribunal de Cuentas se oponga a fiscalizar a la Iglesia. Yo, y muchísimos más, no entiendo por qué. Este tribunal ha decidido, porque así se lo han exigido, pienso yo, ciertos cardenales dejar a la institución católica fuera de su plan para 2017, lo que impide examinar su asignación vía IRPF, sus exenciones fiscales y sus conciertos educativos. Y con, es mi parecer, una actitud cínica subraya que nada impide que la fiscalización de la Iglesia se realice en años venideros. Por supuesto, o en el 23, o  el 55. ¡Qué más da! Patente de corso, y los demás a tragar, a que vivan como borbones  y a que se permitan dirigir la moral del país y los que gobiernan se lo consientan, porque así les interesa.

La negativa encierra una perversión difícilmente justificable. Si tan complicado lo ponen para justificar 251 millones, imaginen qué pasará el día que tengan que justificar euro a euro los aproximadamente 11.000 millones al año que nos cuesta la Iglesia Católica a todos los españoles, creyentes o no. El Tribunal de Cuentas, controlado aún por el PP, se ha negado a intervenir, pero el Congreso, con los conservadores en minoría, va a  exigir que lo haga. ¿Lo conseguirán? Dudoso. De escándalo, ese que según ellos nos lleva, a nosotros, no a ellos, directamente a los dominios de Lucifer.

Y no solo hablamos de dinero contante y sonante. También del negocio y permisividad por parte de los gobiernos del Franco, el PP y el PSOE, del tema de las inmatriculaciones. El 2 de marzo de 2006, calladamente, con un certificado del obispo de la diócesis y por tan solo 30 euros, la Mezquita de Córdoba pasó a ser propiedad de la Iglesia Católica. Tan sigilosa fue la operación que los vecinos de la capital andaluza no se enteraron hasta tres años después, en 2009. Con la misma discreción, tacita a tacita, al menos 4.500 templos, ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo han pasado en un puñado de años a manos de la Iglesia. Sin trabas burocráticas, sin pagar impuestos, sin estar sometidos a los requisitos complejos que una operación de este tipo tiene para el común de los mortales. Es el escándalo de las inmatriculaciones –registrar ante notario por primera vez una propiedad– a la carta (con tan solo un certificado del obispo) que un resquicio en la reforma de la ley hipotecaria en 1998 (gobierno de Aznar) dejó en exclusiva a la Iglesia Católica. ¿Por qué lo consentimos? ¿Para cuándo la desamortización? Es imprescindible un estado Republicano, democrático y laico. Y la iglesia católica a las sacristías.

La secta no quiere justificar 11 000 millones de €, pero Europa Laica sí que nos da unos resúmenes contables pese al oscurantismo que rodea a la institución: los ya referidos 251 millones vienen de la casilla exclusiva del IRPF. Otros cien los recauda de la otra casilla, la de fines sociales. Las exenciones y bonificaciones tributarias (no pagan IBI, ni impuestos de patrimonio, sociedades, obras, etc.) les ahorran y nos cuestan a los demás alrededor de 2.000 millones. En la enseñanza, 4.900 millones (de los que 600 se nos van en pagar a profesores-catequistas de Religión). Hospitales, 900 millones. Funcionarios capellanes militares (sí, han leído bien), 50 millones. Mantenimiento del patrimonio, 600 millones. Subvenciones diversas, 300 millones. Muchos millones para 13 TV, la tele de la Iglesia, que desde que nació en 2010 ha perdido más de 60 millones de euros, que han salido, año a año de la famosa casilla del IRPF (es decir, la vean o no, les guste o no, sus números rojos los pagamos entre todos). … Así hasta los 11.000 millones. Una pasada ¿no? Sobre todo si está fuera del control y no se les exige la transparencia que sí se exigen, a cualquier asociación o fundación del tipo que sea que reciba  dinero público.

El cinismo que atesoran no tiene límites, sabedores de que el gobierno consiente. Hace unos días el vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal , entrevistado por Pepa Bueno en la Cadena SER, justificaba por qué no debían ser controlados por el Tribunal de Cuentas y defendía la vocación de transparencia de la institución: haremos lo que nos diga la Ley. ¿Seguro? Menos mal que aún no se les ha ocurrido declararse insumisos fiscales (aunque lo tendrían difícil, dado que viven en su paraíso fiscal particular).

En la gacetilla de mañana hablaremos de HOLA, INFANTA.

Anuncios