@ellibelaresc

En gacetillas anteriores hemos comentado que Unidos Podemos pide una moción de censura para deshacerse de Rajoy. El liberal escandalizado pide un poco más: la disolución Judicial del Partido Popular conforme a la ley de Partidos Políticos. No hace falta explicarnos el por qué. Basta con echar una ojeada al espectáculo de corrupción que día sí  y otro también nos está dando el Partido Popular, fundamentalmente.

Las últimas investigaciones policiales han acabado con la publicación de la enésima causa penal que implica directamente a la cúpula del Partido Popular en casos de corrupción. Se trata de la operación Lezo. Todas las investigaciones, de esta y otras ´tramas´, apuntan a la naturaleza ilícita o criminal de la asociación ‘organizada’ o partido llamada Partido Popular. Se han realizado escuchas por orden judicial que reflejan los verdaderos motivos del reemplazo del fiscal jefe de anticorrupción por el fiscal Moix. Esas grabaciones revelan la implicación de altos cargos de la cúpula del Partido Popular estatal y del gobierno (el ministro de Justicia, ni más ni menos), el único con capacidad para semejante maniobra. Estamos, sin duda, ante uno de los hechos más graves de nuestra historia reciente que ponen velos muy difusos para una lectura real de nuestra democracia, que nunca lo será de hecho si no hay una real separación de poderes y en la que los partidos políticos y los poderes fácticos tengan que responder por sus delitos como cualquier otro ciudadano o persona jurídica.

Si el Consejo General del Poder judicial fuera un organismo independiente ya habría tomado parte en el desfalco que el Partido Popular ha hecho y está haciendo de este País. Por eso, y ante lo hechos que estamos viviendo pedimos al Consejo que  cumpla de una vez su función y vele por la separación de poderes, actuando con todas las de la ley ante esta vulneración flagrante de esa separación de la que tanto presumen y que se ha demostrado inexistente cuando hablamos de juzgar a políticos.

Por todo ello pedimos la disolución judicial del Partido Popular conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, llamada Ley de Partidos y la actuación de oficio de la justicia española debido a que la asociación ilícita llamada Partido Popular cumple objetivamente todos los requisitos para su inmediata suspensión judicial.

El artículo 10 de la citada ley expresa que la disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente  cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal; cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos o cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. Queda claro, pues, que de la estructura del PP se deduce que es una banda criminal organizada para delinquir, blanquear dinero obtenido de comisiones y otras actividades ilegales y malversar dinero público para beneficiar a la propia organización, entre otras fechorías. Estos hechos están probados y algunos no probados por destrucción de pruebas y opacidad gubernamental, pero de sobra conocidos.

Las escuchas de la operación Lezo y el posterior nombramiento del fiscal Moix revelan igualmente  que el Partido Popular, a través de su control del Gobierno y las instituciones en los últimos años, ha utilizado la Justicia, vulnerando la necesaria separación de poderes y cambiando jueces y fiscales incómodos a su antojo.

Es una necesidad democrática imperiosa que la Justicia estudie y dictamine la disolución de esta mafia de nombre Partido Popular, y si además de las responsabilidades políticas hay responsabilidades penales, se les juzgue, y si merecen cárcel, que la prueben.

En la gacetilla de mañana hablaremos de PEDRO SÁNCHEZ GANARÁ EL 21 DE MAYO.

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