@ellibelaresc

Desde que escribimos este blog nos hemos sumado a la campaña que Europa Laica lanza todos los años en contra de los beneficios que la iglesia católica recibe de la Declaración de la Renta de todos los españoles, sean o no católicos.

Europa Laica propone suprimir las casillas de asignación a la iglesia católica y la de fines de interés social, y mientras tanto NO marcar ninguna de las dos casillas y si existe en el impreso, ya que ello depende de cada CCAA, SÍ marcar la de ´sin asignación´ o en algún caso la de ´Fines gestionados por el sector Público´, y ello porque NO queremos que el culto, el clero y el proselitismo religioso se financie con fondos públicos, además de que, en nuestra opinión, este sistema vulnera diversos principios constitucionales.

La clave es no marcar la casilla de la iglesia católica, pero tampoco la de fines de interés social, y esto es lo más importante porque mucha gente bienintencionada cree que esta casilla de fines sociales destinará lo recaudado a lo que su propio nombre indica, pero la realidad es que buena parte irá también a la empresa católica, que recibe así asignación a través de las dos casillas, lo que Europa Laica califica de ´sutil y estudiada coartada para mantener esta forma de financiación de la iglesia católica´.

La financiación de la Iglesia católica a través de la declaración de la renta es injusta y presuntamente ilegal porque el montante asignado se resta del fondo común de todos. Es decir, los que marcan la casilla no pagan un 0,7 más, lo detraen del conjunto de todo lo recaudado anualmente, es decir, que ´todos pagamos´ aun sin desearlo. El culto y el clero de cualquier organización religiosa y de las organizaciones a su servicio deberían estar financiados, exclusivamente y de forma voluntaria, por las personas que son fieles o se sienten atraídas por esa doctrina religiosa.

La propia iglesia católica en los Acuerdos económicos con el Vaticano de 1979, se comprometió a su autofinanciación progresiva. El pacto no sólo no se ha cumplido, sino que -en su día- un Gobierno del PSOE lo incrementó a partir de 2007 a cambio prácticamente de nada. Esta circunstancia nos da pie para exigir al Estado que esos Acuerdos de 1979 y el parcial de 2006, al margen de otras consideraciones de presunta inconstitucionalidad, los anule y/o los denuncie. Y que de una vez por todas se anule el Concordato de 1953 que sigue vigente en algunos de sus apartados porque, además de todo lo argumentado anteriormente, estos Acuerdos concordatarios, según muchos expertos, no tienen el carácter de internacionales y, además, actúan en contra de diversos principios constitucionales.

La iglesia católica recibe más de 11.000 millones de euros anuales por parte del Estado español. De ellos, 250 millones de euros le llegan a través del IRPF. El hecho de que en 2016 el 65% de las declaraciones de la renta no tuvieran marcada la casilla de la iglesia católica demuestra, sin embrago, que la sociedad española es contraria de forma mayoritaria a financiar a un credo religioso que debería sostenerse únicamente con el apoyo y la voluntad de sus creyentes, sin incurrir en una discriminación que vulnera principios de nuestra Constitución que señalan que ningún credo tendrá carácter estatal. Tampoco el católico.

El favoritismo del que goza la iglesia católica con el IRPF se añade a sus muchos otros privilegios económicos y fiscales. Por ejemplo, está exenta de pagar impuestos como el de sociedades, obras, patrimonio y, el más escandaloso, el IBI: dada la enorme cantidad de bienes inmobiliarios de los que la iglesia es propietaria (muchos de ellos porque los inmatricularon durante el franquismo), su IBI ascendería a unos 700 millones de euros, muy necesarios al Estado español. La iglesia recibe más dinero de ese mismo Estado, así como de las comunidades autónomas: subvenciones directas e indirectas que van destinadas a fundaciones y ONG religiosas; más de 5.000 millones de euros que se destinan a la enseñanza católica: colegios concertados y profesorado de religión; hospitales; convenios con el Ministerio de Educación para seminarios; funcionarios capellanes; mantenimiento de su patrimonio, etc.

Termino con unas preguntas: ¿A santo de qué el Estado tiene que recoger dinero vía impuestos para dárselos a una entidad privada? ¿Cuándo nos han preguntado a los que pasamos de esta secta si estamos conformes con que con nuestros dineros se les pague por actividades privadas, vamos, pagarles un sueldo mensual? ¿Por qué todo el dinero que pasa por sus manos es donativo que no paga impuestos y se diluye en bienes espirituales que engordan sus bolsillos? Con los millones que el Estado recauda para la secta ¿cuántas nuevas plazas escolares, sanitarias o de atención a la dependencia se podrían haber creado? ¿Cómo los españoles, la inmensa mayoría,  ante esta injusticia miramos hacia otro lado y no exigimos a los políticos que rectifiquen, que ya está bien? ¿Con ese dinero hacen caridad? Creyentes o no ¿alguien ha visto alguna vez a un obispo con cara de hambre? ¿O a curas y obispos dando algún tipo de limosna por la calle? En fin, la lista sería interminable.

En la gacetilla de mañana hablaremos de EL PROBLEMA NO ES CIFUENTES, QUE TAMBIÉN.

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