@ellibelasresc

El sábado 1 de julio la ‘ley mordaza’ ha cumplido dos años. Un periodo que ha servido para corroborar que con esta ley a la medida del PP ha aumentado considerablemente la arbitrariedad y la subjetividad de la Administración a la hora de sancionar a los ciudadanos. Esta reforma ha provocado, por ejemplo, que sólo en 2016 la ‘ley mordaza’ deje 131 470 206 euros en las arcas del Estado, se hayan puesto 19.497 multas por un concepto tan subjetivo como ´faltas de respeto y consideración´ a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. O que las sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad hayan ascendido a 12 094. Que haya ciudadanos que han sido sancionados por hablar su lengua en Cataluña o la Comunidad Valenciana o que intentar frenar un festejo que incluía maltrato animal haya tenido como consecuencia una multa de 6 000 euros. O por fotografiar un coche de policía mal aparcado  en una plaza reservada para minusválidos (800€) ´por el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto fundamental al derecho a la información´.

Más resultados de la subjetividad de esta ley los encontramos en agentes de la Policía Nacional que en la final de copa denunciaron a una joven en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón por llevar un bolso con las siglas A.C.A.B. y el lema ´all cats are beautiful´, es decir, ´todos los gatos son bonitos´. El acrónimo, no obstante, suele ser más habitual para referirse a la expresión ´all cops are bastards´ (todos los policías son unos bastardos). La ley mordaza también sirvió de excusa para que 35 activistas antitaurinos fueran sancionados con hasta 6 000 euros cada uno por ´impedir´ la celebración de un festejo de toro embolado en 2015 en Olocau del Rey (Castellón). La subdelegación del Gobierno informó de que habían sido sancionados por ´por poner en peligro la seguridad de un acto público y por celebrar una manifestación de más de 20 personas sin convocatoria previa´.

La Ley se está utilizando contra el activismo social y específicamente contra activistas que defienden el derecho a la vivienda, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica. Cada vez es más evidente que se trata de una ley para desmovilizar a la ciudadanía. Actualmente es más complicado salir a la calle a protestar y reclamar derechos.

Estamos, pues, ante un cumpleaños nada feliz. Nos enfrentamos a un escenario de represión injustificada, sanciones arbitrarias y condenas sin sentido, pérdida de derechos, vulneración de libertades que son justificadas por estas leyes que no garantizan el libre ejercicio de derechos fundamentales, que es lo que debería hacer cualquier Estado democrático, sino que induce al miedo a la libre manifestación, coarta la libertad de expresión y viola Derechos Humanos y Tratados internaciones de Asilo y Refugio. No podemos quedarnos quietos y no debemos permitir, como personas libres que creemos en la Democracia y defendemos los Derechos Humanos, que esta legislación siga atacando nuestra libertad y violando nuestros derechos, ni que se maquillen con falsos cambios que no nos dan garantías judiciales mínimas.

En la gacetilla de mañana hablaremos de PARA TENERLO EN CUENTA.

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